Para hablar de la vida democrática debemos considerar los diferentes ámbitos de nuestra vida, el comunitario, familiar, escolar y laboral, todos ellos dentro de un contextos social y cultural que determina y que a la vez es influido por éstos ámbitos.  Es en este contexto dentro del cual mujeres y varones se desenvuelven, se relacionan, crecen, cambian, luchan, sueñan. Un concepto clave que hace referencia a todo lo anterior es el género, el cual plantea, fundamentalmente, que “las características de hombres y mujeres son determinadas socialmente, lo que significa que las atribuciones, estereotipos, valores, actitudes y creencias relacionadas a lo femenino y a lo masculino se modifican de acuerdo a las diferentes culturas, los momentos históricos y aún en las diversas sociedades que son parte de una misma nación”[i].

Es desde esta perspectiva, que podemos entender aspectos fundamentales de la participación de las mujeres en la toma de decisiones de aspectos clave. Formamos parte de un país en el que a lo largo de su historia ninguna mujer ha sido titular del Poder Ejecutivo, un país en el cual las mujeres logran que se reconozca su condición de ciudadana con todos su derechos y obligaciones hasta el año de 1953, siendo antecedentes importantes los decretos que daban el voto a las mujeres. Uno de ellos fue en 1923, en Yucatán y San Luis Potosí, iniciativas que después fueron canceladas; en 1946 se aprueba que las mujeres voten pero sólo en elecciones municipales; fue hasta 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, que el 17 de octubre de ese año se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional, a partir del cual las mujeres pueden votar y ser votadas en todos los procesos electorales[ii]

Núñez Noriega plantea la forma en que influye y determina nuestra vidas el poder de la Representación, refiriéndose al “papel de las valoraciones y conceptualizaciones que compartimos de la realidad en la estructuración de las posibilidades de acción de todos los individuos, y con ello, de nuestras posibilidades y tipos de experiencia emocional, cognitiva, corporal a lo largo de nuestras vidas: nuestra percepción de quiénes somos, qué queremos, qué podemos ser o hacer, cuál es nuestro valor y nuestra capacidad, cómo sentimos y cómo nos relacionamos con nuestro entorno humano y natural”[iii] Aún cuando haya diferencias regionales e históricas en torno a la construcción y vivencia del género, esta representación en términos de la realidad política actual, nos deja una serie de mensajes referentes a las limitaciones reales y ficticias en torno a la participación de las mujeres dentro de un proceso de transición democrática en nuestro país, el cual tiene una carencia fundamental: se le ubica con mayor peso en el ámbito público.

Las representaciones en torno al papel y las aportaciones que pueden hacer las mujeres, se ha centrado en el espacio familiar, atribuyéndole una mayor responsabilidad que la limita en otros ámbitos de su vida. Es por esto que la transición democrática debe ser en ambos sentidos, de lo personal a lo colectivo y de lo colectivo a lo personal.

Debemos, de entrada, cuestionar el sistema patriarcal actual, ya que “vivir en el mundo patriarcal significa que más allá de nuestras voluntades y de nuestra conciencia, las mujeres y los hombres ocupamos espacios vitales jerarquizados, cumplimos con funciones y papeles, realizamos actividades, establecemos relaciones y tenemos poderes o carecemos de ellos, de maneras prefijadas por la sociedad y con márgenes estrechos y rígidos. Es decir, estamos sujetas/os a un orden social, económico, jurídico, político y cultural jerárquico, opresivo e injusto, basado en el género, que conforma la sexualidad y determina, en gran medida, los itinerarios de nuestras vidas”[iv]

Todo la anterior se ve reflejado en la salud de mujeres y varones, en los niveles de educación, en las características de la pobreza en nuestro país, cada vez más feminizada, en el ámbito laboral, en la impartición de la justicia, en las políticas públicas, en cada uno de los espacios vitales para nuestra existencia.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 1994, nos da los siguientes datos a nivel nacional”[v]

s         En México hay 19.4 millones de hogares, en los cuales en 15 de cada 100 se reconoció como jefa del hogar a una mujer.

s         De cada cien jefas únicamente 8 han estudiado hasta la secundaria; 13 tienen estudios equivalentes hasta la preparatoria o bachillerato; y sólo 7 tienen estudios superiores

s         La proporción de jefas que no perciben ingresos en cinco veces mayor que el porcentaje de jefes que se encuentran en esa situación.

s         Los miembros de los hogares encabezados por una mujer registran menores porcentajes de rezago educativo y mayores porcentajes de educación media y superior.

A nivel estatal, podemos observar las desigualdades en diferentes ámbitos en la vida de las mujeres[vi]:

s         El promedio de escolaridad es de cuatro años para varones y un año menos para mujeres.

s         Forman el 32.7 % de la población económicamente activa

s         En el grupo de edad de 12 a 14 años, el 27 % de las mujeres tienen un/a hijo/a

s         El analfabetismo femenino se encuentra por arriba de la media nacional.

s         La ignorancia acerca de la sexualidad, socialmente sigue siendo muy valorada en las mujeres

Las desigualdades también se reflejan en la vida de los varones, ya que las exigencias sociales hacia ellos les niegan el derecho a expresar sus emociones, a manifestar dolor, y se les confiere al papel de proveedores dentro de la familia.

 El movimiento de mujeres ha sido una lucha constante por la construcción de sociedades más justas y equitativas. Aún cuando tiene su origen cientos de años atrás, es hasta el siglo XX cuando el movimiento de mujeres “adquiere características diferenciadas a lo que había sucedido con anterioridad. La primera es que las mujeres salen de sus fronteras nacionales, la segunda es que empiezan a construir objetivos y estrategias comunes. Inicialmente por la lucha del sufragio, lo que se dio desde el siglo pasado, siendo Nueva Zelanda el primer país que obtuvo el voto femenino en 1839. Después y casi paralelamente, este proceso continúa con los movimientos de reivindicación socialista que incluyen las luchas de las mujeres obreras y campesinas en varios países, para terminar con la constitución del movimiento feminista como tal, a partir de los años sesenta y setenta y que se consolidó durante la I Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas”[vii]

Referirnos a la vida política de nuestro estado, hace necesaria la revisión de las formas y normas establecidas de forma explícita o implícita para la toma de decisiones no solo a nivel nacional, sino a las que obedecen a políticas que están más allá de nuestras fronteras, y, en muchas ocasiones pareciera ser que fuera de nuestro alcance.

Las políticas establecidas por organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Mundial de Comercio y el Fondo Monetario Internacional, son las que determinan muchos de los aspectos de nuestros planes de desarrollo, razón por la cual “la actividad fundamental de los estados nacionales está centrada en la regulación de las relaciones sociales, incluidas las de género”[viii]

Como resultado de la V conferencia Mundial de las Mujeres, celebrada en Beijing, en 1995, surgió la Plataforma de Acción de las Mujeres (PAM), la cual es promovida en nuestro país por la Coordinación Nacional de Organismos civiles por un Milenio Feminista, que ha dado seguimiento a las diferentes iniciativas del Estado relacionadas con los temas de la PAM y que son: Pobreza, Mujeres indígenas y campesinas, medio ambiente, trabajo, educación, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Estos temas tienen que ver con la participación de las mujeres en la vida democrática del país, con el involucramiento en la definición e implementación de las políticas públicas, en las que se pretende incidir promoviendo una visión más incluyente y sensible ante las problemáticas sociales generadas a partir de las desigualdades de género. Sin embargo, “los gobiernos de América Latina y el Caribe no tienen posibilidades de cumplir las acciones planteadas en la Plataforma de Acción en el tema de la economía y la pobreza de las mujeres que emanó del a IV Conferencia Mundial de la Mujer”[ix], ya que, como mencionamos anteriormente, la definición de sus planes de desarrollo están determinados por políticas de organismos multilaterales.

La situación anterior es preocupante en muchos aspectos, sin embargo, consideremos que el Estado tiene bajo su responsabilidad directa la regulación de las relaciones sociales, incluidas las de género, y es bajo esta perspectiva que puede responder a las demandas por la equidad y al inclusión; además de que pone de manifiesto la necesidad como nación de recuperar la autonomía en todos los sentidos.

Han sido diferentes las iniciativas que el Estado ha retomado del movimiento de mujeres, como lo fue la creación del Programa nacional de la Mujer, ahora Instituto Nacional de las Mujeres, el cual para el periodo 1995 – 2000, planteaba la “urgente necesidad de diseñar y poner en marcha políticas sociales que atenúen las inequidades sociales y de género, con el fin de asegurar la construcción de una sociedad más justa, formada por hombres y mujeres libres, iguales y corresponsables, más productivos en lo económico, más solidarios en lo social, así como más participativos en lo político”. También podemos ver un lenguaje incluyente en los discursos oficiales. Sin embargo, las políticas públicas referentes a la salud de las mujeres, siguen siendo definidas desde una visión patriarcal y sexista, que no considera todos los factores involucrados en problemáticas específicas de salud reproductiva y de salud sexual.

Sara Lovera plantea que el trato igual que parte de condiciones desiguales no conduce a la igualdad, sino que acentúa estas desigualdades, razón por la cual la incorporación de las mujeres y de los varones a espacios que hasta el momento están negados o que tienen presencia mínima, deben ir acompañados de la identificación de carencias y de un reforzamiento de las habilidades necesarias para un mejor desenvolvimiento y para que faciliten su desarrollo integral como personas.

Cuando hablamos de democracia debemos incluir el espacio público y el espacio privado, los cuales se determinan e influyen mutuamente; debemos hacer una lectura de nuestra realidad desde la perspectiva de género, es decir considerar las diferencias entre hombres y mujeres como constructos sociales que determinan su vida en diferentes ámbitos.

La lucha es por una democracia de género, que “es el conjunto de acciones, instituciones y normas que plasman la demanda civil de las mujeres sobre el reconocimiento de otro ordenamiento social, se basa en el reconocimiento de las especificidades de cada quien, en la igualdad entre los diferentes, en el establecimiento de diálogos y de pactos, en la equidad y la justicia para reparara los daños cometidos contra las mujeres y los oprimidos; tiene como sentido la libertad en plenitud para todas y todos”[x]

Esta democracia de género incluye valores fundamentales como la equidad, la justicia, la libertad. El primero hace referencia a la igualdad de oportunidades para mujeres y varones, reconociendo y valorando las diferencias, pero luchando contra las desigualdades que históricamente se han promovido y justificado a partir de éstas diferencias.

La libertad hace referencia a la capacidad humana de autodeterminarse, y en el contexto político hablamos de “la libertad democrática como una capacidad de autogobernarse o autodeterminarse y, por lo tanto, de asumir como legítimas sólo las obligaciones y vínculos que cuenten con su aprobación tácita o explícita; supone el derecho de cada individuo de participar en la elaboración y adopción de las decisiones colectivas que le conciernen y, por consiguiente, de ser ciudadano políticamente activo”[xi]. Ninguna decisión será válida si ignora las necesidades de la población a la que afectará, si hace a un lado las especificidades de la misma; en un mundo cada vez más globalizado debemos defender y reivindicar las diferencias; las políticas en nuestro estado deben reforzar esta libertad democrática, y refiriéndonos específicamente a las mujeres, deben ser ellas las actoras clave en la toma de decisiones para la prevención y atención de sus problemáticas  de salud, educación, trabajo y economía.

La participación de las mujeres en la transición democrática se verá reflejada en los procesos electorales, desde la elección de candidatos/as, las plataformas electorales, las propuestas programáticas, las votaciones, pero no viéndolas como un botín político, con visión clientelar, sino asumiéndose como actoras y gestoras de cambios profundos, en las propuestas, en la aplicación y seguimiento de acuerdos internacionales que nos beneficien, involucrando cada vez más a varones solidarios, que compartan sueños para que juntas/os los vayamos construyendo.

La instituciones y la sociedad deben considera a las mujeres y varones como personas, con una dignidad y derechos inherentes a su condición, con la capacidad de autodeterminarse, con la libertad para elegir en condiciones de igualdad y con consentimiento informado.

La importancia de la participación de las mujeres en la vida democrática de nuestra sociedad, reside en que es un indicador de cambios profundos y estructurales en la misma, no solo de discursos, ya que no son conjuros que posibiliten los cambios que se necesitan para trascender las desigualdades históricas.

La transición democrática debe darse también en la intimidad y generar cambios que afecten para bien la cotidianidad de las mujeres, debe contemplar como meta prioritaria la democracia al interior de las familias y de los espacios vitales para el desarrollo de las personas, en los cuales los valores de justicia, equidad y libertad sean respetados en cada una/o de sus integrantes, empezando por reconocer que no hay un solo tipo de familia, sino que son diversas y que por lo tanto obedecen a dinámicas y necesidades diferentes y es deber del Estado proteger sus derechos.

La equidad de género es una condición fundamental para las sociedades democráticas, haciendo énfasis en la equidad en la vida cotidiana: que no se dé por hecho que la socialización de las personas es responsabilidad mayor de las mujeres, que no se ponga en ninguna parte del cuerpo de la mujer su valor como persona, ya que éste no es negociable ni supeditado a condición alguna en la vida; que la salud sea un derecho de todas, y no una ilusión para mujeres pobres, que por el mismo trabajo y de la misma calidad reciban pago igual mujeres y varones, que no sean las niñas las primeras en dejar de estudiar cuando la economía familiar está en crisis, que la justicia se imparta de igual modo y que las penas por el mismo delito sean iguales para mujeres y varones, que no se de por hecho que la maternidad es un instinto y es el valor supremo de toda mujer, que no se de por hecho que todas las mujeres quieren casarse con un varón y que las que no lo hagan se quedan, que no se de por hecho que la soledad es el precio que debe pagar una mujer que busca su independencia y crecimiento integral, que no se de por hecho nada que no corresponda a las necesidades auténticas y válidas de todas las mujeres, dichas desde sus propias voces y sueños.

Como sociedad estamos ante el reto y la oportunidad de cambiar, de enriquecer nuestra existencia, de cambiar el paradigma a partir del cual nos hemos relacionado y hemos confinado a las personas a diferentes espacios, a diferentes roles, tenemos en nuestras manos el cambio profundo, en el cual una característica biológica no sea el argumento válido para discriminar, ni para ningún otro tipo de violencia. Estamos ante la disyuntiva de transgredir lo establecido para enriquecer la existencia humana; la alternativa no es reprimir sino exaltar y valorar nuestras diferencias, no globalizar y estandarizar, sino defender nuestro derecho a incluir y convivir con todos los mundos.

Como mujeres, nuestra lucha sigue vigente, y debe ser una lucha no solo en las tribunas, sino también en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la cama. Una lucha por apropiarnos de nuestro cuerpo, por decidir consciente y libremente, por tener el poder de construir y defender nuestros sueños.